Disertación: Ley del sí es sí, por Vanessa B. W.

¿Por qué, en el año 2023, muchos siguen siendo víctimas de delitos sexuales? Puede parecer mentira que en pleno siglo XXI aún se esté debatiendo sobre la libertad de los individuos. Incluso entrando en vigor normas como la Ley del sí es sí, los delitos de abuso y agresión sexual no dejan de ir en aumento; sin embargo, las penas de cárcel se acortan. Haya o no violencia, los castigos ante una violación deberían ser los mismos, sin verse reducidos. Esta es la tesis que voy a defender.

Imaginemos por un momento que en lugar de tratarse de un crimen de naturaleza sexual, el delito fuera un robo, algo con lo que todos nos podemos poner en situación. ¿Estaría bien que las autoridades hiciesen una distinción entre un robo con o sin violencia (un hurto)? El hecho es que la persona habrá perdido aquello que le hayan robado, ¿no es así? De igual modo, sigue siendo un atentado contra la propiedad privada. ¿Debería el criminal recibir una pena menor simplemente por no haber hecho uso de la violencia o la intimidación, como si ese hecho cambiase algo? (Argumento por analogía.)

Desde el pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (Ley del sí es sí), que se vertebra en dos principios: por un lado, recoge la necesidad de que haya un consentimiento expreso y explícito, y por otro, se eliminan las diferenciaciones entre “agresión” y “abuso”, englobando este último en la categoría de “agresión”. Pero si el consentimiento siempre ha sido necesario, y ya estaba recogido así en el Código Penal, ¿por qué se aprobó esta especificación?

En el año 2016 se produjo la violación de una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín. A raíz de la primera sentencia del caso, que se conoció como La Manada, las calles se llenaron de manifestantes indignados ante el veredicto: la violación se consideró “abuso sexual”, por lo que los agresores obtendrían una condena menor, ya que, en aquel entonces, el Código Penal aún diferenciaba ambos términos. Esto significaba que, al no usar la violencia, la pena de cárcel rondaría los nueve años, mientras que, si la víctima hubiese sido agredida por medio de la violencia, sobrepasaría los catorce años de prisión. (Argumento de causalidad.)

Sin embargo, las nuevas reformas están haciendo que los castigos sean más leves para los criminales, dejando a las víctimas, no solo con el profundo trauma que conlleva ser agredida sexualmente, sino también con la sensación de que están totalmente desprotegidas ante la ley. La paradoja se encuentra en que se pretende proteger a las víctimas rebajando la condena de los agresores según el Apartado 3 del Artículo 178 de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, en el cual se dictamina que el órgano sentenciador puede imponer una pena de prisión menor o una multa de dieciocho a veinticuatro meses según las circunstancias personales del culpable. (Argumento por contradicción.)

¿Alguien se ha parado a pensar en las consecuencias que una violación acarrea para la salud mental? Los estudios realizados a las víctimas, tanto a nivel nacional como mundial, hablan por sí solos: desde depresión y trastornos de ansiedad hasta estrés postraumático y conductas suicidas, una agresión sexual puede afectar de por vida la manera en la que las víctimas se relacionan con los demás y consigo mismas, llegando a ser incapacitante. Por esto mismo, las condenas no pueden rebajarse. Estas contribuyen a la tranquilidad mental de las víctimas en el sentido de que, si el agresor está preso, se tiene la certeza de que no volverá a actuar, al menos de momento. (Argumento de autoridad.)

En conclusión, estamos ante un sistema que trata de defender a las dos partes por igual, cuando, claramente, son las víctimas las que de verdad lo necesitan y se están viendo afectadas por las nuevas medidas. No es cuestión de ponerse de parte de uno o de otro, sino de usar la lógica. Las circunstancias requieren distintas intervenciones y deben ser evaluadas concienzudamente para evitar la parcialidad. Puede que en un futuro formemos parte de una sociedad que valore la verdad por encima de todo y en la que la igualdad de condiciones se reparta uniformemente.